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Diversos sectores políticos estarían consensuando la candidatura como Contralor General de la República, del ex presidente de la Corte Suprema, Javier Villa Stein, quien incluso tendría la venia del propio presidente Pedro Pablo Kuczynski, y su primer ministro Fernando Zavala.
Hasta el cierre de esta edición, ninguna agrupación política se ha pronunciado abiertamente de esta propuesta que en los próximos días se estaría formalizando. Sin embargo, se conoce que en las últimas horas, representantes de los partidos políticos que forman parte del Parlamento, incluyendo la agrupación del gobierno, habrían conversado del tema y habían coincidido en que Villa Stein es la persona idónea que promueve consensos.
En tiendas fujimoristas, se afirma que en su reciente conclave de la banda de Fuerza Popular, los 69 legisladores naranjas que asistieron, junto a Keiko Fujimori y otras militantes históricos, abordaron la propuesta y la gran mayoría mostró su simpatía por la candidatura del ex presidente del PJ.
Lo mismo ha ocurrido en el Ejecutivo. Durante el último Consejo de Ministro, que se realiza todos los miércoles por la tarde, el nombre de Javier Villa Stein fue puesto sobre la mesa, provocando mayores expectativas que los voceados candidatos Rafael Rey o Beatriz Boza.
Recordemos que la posibilidad de que el Gobierno incluya en su lista de candidatos como contralor a Rafael Rey ha generado diversas reacciones. Una de ellas ha sido la delcongresista de Alianza para el Progreso (APP) César Villanueva, quien señaló que si el actual director del Banco Central de Reserva, Rafael Rey, es elegido como nuevo contralor sería ir “de Guatemala a Guatepeor”, porque ese organismo debe funcionar sin ningún tipo de presión política.
La candidatura de Villa Stein no viene sola, sino que en el Congreso se estaría analizando brindar mayores facultades y autonomía a la Contraloría, con la finalidad de lograr mayor eficacia en la lucha contra la corrupción.
Entre las principales propuestas está brindarle constitucionalmente la titularidad de la acción penal en delitos de corrupción de funcionarios, lo que garantizaría mayor rapidez en búsqueda de una sanción ejemplar contra los corruptos.
