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Los mexicanos temen la aparición de campos de refugiados y deportados en su frontera norte como consecuencia de las nuevas directrices migratorias del gobierno de Donald Trump, que contemplan empezar a deportar a México a todos los latinoamericanos y otros que entraron a Estados Unidos de forma ilegal desde ese país.
La política anterior suponía que solo los ciudadanos mexicanos eran devueltos al país; los demás eran enviados a sus naciones de origen.
Ahora, según la redefinición de las prioridades en la aplicación de las leyes migratorias anunciada el martes por el Departamento de Seguridad Nacional, los inmigrantes serán enviados al otro lado de la frontera, a un país sacudido por la violencia donde no tienen vínculos, mientras sus peticiones de asilo o procesos de deportación se estudian en Estados Unidos. Funcionarios estadounidenses no concretaron qué se espera que haga México con ellos.
Por el momento, el único consenso en México sobre las nuevas políticas de Trump es que el país no está ni remotamente preparado para ellas.
“De ningún modo o forma”, apuntó Patrick Murphy, un sacerdote que gestiona el albergue Casa del Migrante en la ciudad fronteriza de Tijuana, donde actualmente viven unos 55 haitianos. Forman parte de una oleada de miles que llegaron a la frontera en los últimos meses del gobierno del expresidente Barack Obama con la esperanza de lograr asilo en Estados Unidos.
Tijuana se vio desbordada y, aunque el gobierno hizo poco para ayudar, una serie de grupos cristianos abrieron refugios con camas improvisadas, tiendas de campismo e instalaciones sanitarias. La comida donada sirvió para mantener a los haitianos.
Los mexicanos tiemblan ante la idea de lidiar no con miles, sino con cientos de miles de extranjeros en una región fronteriza que ya convive con la presencia de carteles del narcotráfico y violencia.
No está claro si Estados Unidos tiene autoridad para obligar a México a aceptar a extranjeros. Pero el memorándum del Departamento de Seguridad Nacional pide un informe sobre la ayuda que Washington brinda a su vecino, una posible señal de que Trump tendría intención de usar esos fondos para que acepte a los ciudadanos de otras nacionalidades.
Victor Clark, director del Centro Binacional de Derechos Humanos de Tijuana, indicó que México puede simplemente negarse a aceptar a deportados extranjeros.
Estados Unidos podría pagar para construir las instalaciones necesarias. Un acuerdo así tiene precedentes: Turquía aceptó acoger a refugiados sirios que buscaban entrar a la Unión Europea a cambio de al menos 3.000 millones de dólares en ayudas.
