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PRODUCADOR MIRKO RUIZ SEÑALA QUE FISCALÍA TIENEN ELEMENTOS SUFICIENTES PARA DENUNCIARLA SU PARTICIPACIÓN EN ESE CASO
El procurador para casos de terrorismo, Milko Ruiz, indicó hoy que la Fiscalía tiene elementos suficientes para denunciar y pedir la detención de la senderista Martha Huatay Ruiz por el atentado en la calle Tarata, en Miraflores.
“Con lo que tiene la Fiscalía es suficiente para denunciar y pedir la detención de Martha Huatay. No hay ningún impedimento, ni incompatibilidad para solicitar su detención; consideramos que debería formular denuncia”, sostuvo.
Precisó que Óscar Alberto Ramírez Durand, “Feliciano”, ratificó ante la Fiscalía que Martha Huatay debió conocer sobre el atentado en la calle Tarata, por su condición de responsable de Socorro Popular.
“’Feliciano’ ratificó lo que dijo en el juicio oral sobre que ella (Martha Huatay) debió conocer porque reemplazo a Yovanka Pardevé desde 1991”, apuntó.
El atentado en la cuadra 2 de la calle Tarata, en Miraflores, se perpetró el 16 de julio de 1992. Un coche bomba estalló cerca de un departamento multifamiliar causando la muerte de 25 personas y otras 200 resultaron heridas.
Ruiz indicó que Martha Huatay, detenida en octubre de 1992, estaba libre cuando ocurrió el criminal ataque.
En base a esas consideraciones, en opinión de la Procuraduría, corresponde denunciarla por este caso y ordenar su detención.
“No tiene domicilio conocido ni trabajo, hay dudas sobre su reputación, eso es peligroso, pero corresponde a la Fiscalía formular la denuncia”, comentó.
Refirió que tras la declaración de “Feliciano”, en setiembre de 2017, la Fiscalía abrió una investigación contra Huatay, que la Procuraduría respalda, y que está abierta y en curso en el ámbito fiscal.
No se incluyó a Huatay en el proceso a Abimael Guzmán por este caso, dado que este proceso está en la etapa de juicio oral en el Poder Judicial.
El procurador, asimismo, consideró desafortunada la excarcelación de Martha Huatay, pero dijo que es lo que corresponde, dado que hoy cumple una condena a 25 años de cárcel, la máxima pena prevista en la ley para el delito de terrorismo agravado.
