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Multas y cárcel por entre dos y seis años para quienes realicen prácticas que impidan, restrinjan o distorsionen la libre competencia, es la propuesta que esta semana se debatirá en el Congreso luego de constatar que, a raíz de las lluvias y huacos producidos por el Fenómeno de El Niño, en los mercados existía manipulación de precios de alimentos de primera necesidad.
La propuesta legal, presentada por el presidente de la comisión de defensa del consumidor, el congresista Juan Carlos Gonzales, cuanta con el respaldo de casi todas las bancadas y los miembros de la comisión, quienes debatirán este proyecto de ley el martes. Su objetivo es que pase al pleno programado para el 6 de abril y sea aprobada.
La propuesta agrega, dentro del capítulo de delitos económicos, un acápite más, todos con el objetivo de establecer sanciones para prácticas que definen como anticompetitivas. El primer artículo propuesto establece que el abuso de posición de dominio será penado con cárcel. En nuestro país no está prohibido el monopolio o que exista un competidor con más del 50% de participación de mercado, lo que no está permitido es que, valiéndose de dicha ventaja, se saque un provecho indebido y se impida el desarrollo de la competencia. La novedad aquí sería que se está estableciendo una pena privativa de la libertad de entre dos y seis años a quien distorsione la libre competencia.
El segundo artículo está relacionado con la especulación. Se propone que quien acapare bienes de consumo con el fin de alterar precios, provocar escasez y obtener lucro con ello también reciba cárcel por entre dos y cuatro años. Si se trata de bienes de primera necesidad la pena será entre tres y cinco años.
La tercera propuesta consiste en establecer que se le dará entre tres y cinco años de privación para contratar con el Estado a quien haga acuerdos con funcionarios públicos para alterar los precios en concursos o licitaciones.
