Procuraduría busca impedir que Odebrecht se vaya del país sin pagar

Aunque la empresa Odebrecht ya es investigada por corrupción en el Perú, la procuradora ad hoc Katherine Ampuero consideró necesario solicitar al fiscal Hamilton Castro –que investigar el caso Lava Jato– que se incorpore como tercero civil responsable a la citada constructora brasileña.

En la solicitud de la Procuraduría, se precisa que la medida procesal tiene como objetivo garantizar el pago de la reparación civil y en virtud a que mantiene una especial vinculación con el causante. Es decir, la empresa tiene responsabilidad.

Ampuero consideró importante este pedido debido a que genera una responsabilidad en la mencionada empresa toda vez que los implicados en el caso no podrían asumir con la reparación civil por los daños que ocasionaron al Perú. No obstante, se informó que el pedido de la Procuraduría está en evaluación.

Según el semanario Hildebrandt en sus 13, Odebrecht vendió sus activos más importantes en el Perú con el fin de ganar liquidez y sanear sus deudas.

Además, señaló que la constructora vendió el local de San Isidro donde operaban cuatro filiales de la firma: Odebrecht Infraestructura, Odebrecht Energía, Brasken y Odebrecht Latinvest. En diversas ocasiones este diario solicitó los descargos de Odebrecht, pero nos indicaron que no responderían porque el caso está en investigación.

El ex fiscal superior Avelino Guillén consideró necesario el pedido de la Procuraduría ad hoc de solicitar que se incorpore como tercero civil responsable a la constructora Odebrecht.

Sin embargo, dijo que debido a que la firma ya es parte del proceso y que ya reconoció el pago de sobornos a funcionarios peruanos por US$29 millones entre 2005 y 2014, “no le queda otra que asumir la reparación civil”. “Acá lo más importante es que Odebrecht ya está comprendida en la investigación y si el fiscal lo considera necesario, puede hasta ordenar el cierre de la empresa”, refirió.

Guillén recordó que Odebrecht pagó al Estado la suma de S/30 millones como adelanto de la devolución de las ganancias ilícitas a determinarse dentro del proceso.