PPK & SEPÚLVEDA: SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD (MUY) LIMITADA

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Socio chileno de Kuczynski fue bajado de avión privado en el que planeaba cruzar la frontera sur

Juez Concepción Carhuancho acogió pedido de fiscal Domingo Pérez para que chileno implicado en investigación a Westfield Capital permanezca en el país.

Al amanecer del lunes 27 de abril, el empresario chileno Gerardo Sepúlveda intentó abandonar el Perú en un ‘vuelo humanitario’ fletado por la embajada de Chile, aprovechando que horas antes- el sábado 25- había vencido la restricción de dos meses que le impuso el juez Richard Concpción Carguancho para que permaneciera en nuestro territorio y contase todo lo que sabe sobre los pagos de Obebrecht a Westfield Capital, la empresa de Pedro Pablo Kuczynski, mientras era ministro del gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006).

La intención de Sepúlveda, sin embargo, se vio frustrada cuando agentes de Migraciones le impidieron subir al avión fletado a la compañía Aviasur (CC-DCZ) que lo debía transportar a Santiago junto a otros seis ciudadanos chilenos que quedaron varados en nuestro territorio a consecuencia del bloqueo de fronteras por la llegada del Covid-19. 

Fuentes a las que accedió LA PRIMERA SEMANAL revelaron que, al momento de ser intervenido, Sepúlveda se mostraba nervioso, pues si bien había vencido el plazo de dos meses que le impuso el juez Concepción Carhuancho para que permaneciera en el Perú, tenía conocimiento de que el fiscal José Domingo Pérez había solicitado ante ese despacho no contabilizar en ese periodo de restricción obligada los 41 días de estado de emergencia declarados a consecuencia de la pandemia por el virus de Wuhan.

Lo cierto es que, al momento de ser desembarcado en el aeropuerto peruano, el juez Carhuancho aún no había resuelto el pedido fiscal para que se mantuviera el arraigo de Sepúlveda en nuestro territorio, como dejó constancia el abogado defensor del empresario sureño, Percy García.

¿DÓNDE ESTÁ PPK?

Hace unos días, en medio de la convulsión mediática por el azote del Covid-19, un movimiento inusual en la calle Choquehuanca llamó la atención de los vecinos: hombres con trajes blancos y mascarillas fumigaban el área cercana a la residencia de Pedro Pablo Kuczynski, donde cumple arresto domiciliario desde el 27 de abril del 2019 por el caso Odebrecht.

Inmediatamente se especuló con la posibilidad de que el ex jefe de Estado hubiese sido afectado por la pandemia de coronavirus, teniendo en consideración que durante la campaña presidencial que lo llevó a la Presidencia de la República evidenció problemas bronquiales. Hasta el cierre de esta edición, sin embargo, no se había podido confirmar algún problema de salud en el ex presidente próximo a cumplir 82 años.

“No hay ninguna norma que exija una resolución u oficio del juez para liberar la salida como testigo de mi cliente. La detención de la salida de Gerardo Sepúlveda por parte de Migraciones es un abuso de autoridad que lo único que hace es prolongar una resolución judicial ya caducada, es un acto absolutamente arbitrario”, manifestó el letrado a los medios, evidentemente contrariado.

Finalmente, el mismo lunes 27 de abril, el juez Richard Concepción Carhuancho acogió el pedido fiscal y repuso 41 días al plazo de impedimento de salida que había dictado en febrero último, lo que ahora obliga a Sepúlveda a seguir encarando la investigación dentro de nuestras fronteras.

La decisión judicial se dio en una audiencia virtual, en la que Carhuancho sostuvo que el estado de emergencia decretado por el gobierno había impedido que el fiscal José Domingo Pérez pudiese tomar el testimonio de Gerardo Sepúlveda en nuestro territorio en torno a este espinoso caso. Ahora el empresario chileno no podrá abandonar nuestro país hasta el 7 de junio, curiosamente el Día de la Bandera en el Perú.

Pero en la mañana del lunes 27 de abril, horas antes del pretendido vuelo a Santiago, la defensa del chileno Gerardo Sepúlveda había consultado al despacho del juez Richard Concepción Carhuancho si la medida restrictiva seguía vigente contra su patrocinado, pues tenía la intención de retornar a su país. La comunicación se hizo a través de mensajes de texto.

De acuerdo a la investigación fiscal, el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski compró su casa del jirón Choquehuanca en San Isidro con los ingresos de las consultorías que realizó su empresa Westfield Capital a la brasileña Odebrecht, cuando aún era ministro de Estado del gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006).

Kuczynski Godard- quien cumple arresto domiciliario en la misma residencia de la calle Choquehuanca- pagó por el amplio inmueble sanisidrino un total de 695 mil dólares.

El ex presidente es investigado por el Equipo Especial Lava Jato por el presunto delito de lavado de activos, luego de que se hiciera pública una relación de pagos realizados por Odebrecht a la empresa Westfield Capital de su propiedad, cuya sede es Estados Unidos.

PPK también es investigado por varias transferencias que suman 1 millón 35 mil 930 dólares realizadas entre el 2007 y el 2015 por tres empresas extrajeras (TRG Alocational Off Shore LTD, Ternium SA y TRG Managmen LP) en su cuenta personal del Banco de Crédito.

La Fiscalía ha puesto bajo la lupa estos manejos financieros teniendo en cuenta que en los años 2011 y 2016 Kuczunski Godard participó en dos campañas electorales, en la última de las cuales resultó ganador.

También se investigan las transferencias que realizó Odebrecht Latinvest Ductos SA. a cuentas de las empresas vinculadas a PPK, Latin American Enterprise y First Capital, esta última, precisamente, propiedad del ciudadano chileno arraigado en el Perú Gerardo Sepúlveda Quesada.

 

‘LADY SU’ EN LA MEMORIA

La situación del chileno Gerardo Sepúlveda hace reverberar el de otra cercana colaboradora del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski, la banquera Susana de la Puente, quien se ha negado reiteradamente a comparecer ante el Poder Judicial por miedo a que se disponga su arresto domiciliario, en el mejor de los casos, o su internamiento en un penal de mujeres, en el peor.

En una edición anterior, LA PRIMERA SEMANAL dio cuenta de que De la Puente   tenía programada una audiencia para el 16 de abril en los tribunales peruanos, dentro del recurso de tutela de derecho que planteó su defensa para que no sea interrogada en Lima por la acusación fiscal de haber recibido dinero de Odebrecht en la campaña presidencial de Pedro Pablo Kuczynski en el 2011.

Sólo cuatro meses después de que Susana de la Puente presentara ante la reina Isabel II sus cartas credenciales como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria del Perú en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, el presidente Martín Vizcarra decidió cesarla en sus funciones, tras haber sido acusada de recibir 300,000 dólares de la constructora brasileña para la campaña de Kuczynski Godard.

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