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Kuczynski y Toledo licitaron obras con empresas brasileras prohibidas por ley. Luego promulgaron otra para legalizar acuerdos. En comisión Lava Jato están obligados a explicar semejante enjuague.
Se suscribieron licitaciones con un grupo de empresas brasileñas –que por ley- estaban inhabilitadas para licitar con el Estado. Después de haberse violado la norma en esos acuerdos, Pedro Pablo Kuczynski y Alejandro Toledo promulgan una ley indicando que no hay infracción alguna ¿Puede una ley aplicarse retroactivamente, o ser una especie de indulto masivo? Es lo que ambos ahora deberán esclarecer en el Congreso.
"Los impedimentos para ser postores contenidos en las bases administrativas de los procesos de promoción de la inversión privada a que se refieren el Decreto Legislativo N° 674, el Texto Único Ordenado aprobado por Decreto Supremo N° 059-96-PCM y la Ley N°28059, que excedan los alcances de lo dispuesto por el literal f) del artículo 9° del Texto Único Ordenado aprobado por Decreto Supremo N° 083- 2004-PCM o por otra norma legal expresa, son inaplicables e inexigibles", indica la norma en su artículo tercero.
Léase bien lo que dice la última línea: "son inaplicables e inexigibles" ¿Y que lo son?: pues nada menos que las normas que se describen son las que en su contenido se encuentran las prohibiciones que tienen las empresas para licitar con el Estado.
Entre las firmas beneficiadas con esa norma que se conoce como "Ley sastre" (hecha a la medida), la comisión investigadora ha detectado que se encontraba la constructora brasileña Odebrecht, a cargo de uno de los tramos de la vía Interoceánica Sur y el Proyecto Olmos.
La Comisión Lava Jato que preside el parlamentario Juan Pari, detectó la misteriosa Ley Nº28670 publicada el 26 de enero de 2006. La firman Pedro Pablo Kuczynski como presidente del Consejo de Ministros, y Alejandro Toledo como jefe de Estado. Y se puede corroborar en la imagen que les presentamos.
"Tendrá que explicar el por qué se generó una legislación para favorecer a empresas que se encontraban inhabilitadas" de participar en licitaciones con el Estado, puntualizó Juan Pari, presidente de la comisión multipartidaria que tiene por responsabilidad investigar a los funcionarios peruanos que puedan tener vínculos con el caso más grande corrupción por sobornos en Brasil, conocido como Caso Lava Jato.
JUGADA EN PARED
Si se bucea en el archivo del Congreso no solo nos encontraremos con una inusitada desesperación por sacar la Ley N° 28059. Después que Palacio de Gobierno permite participar a las empresas prohibidas, el 24 de enero entra a tallar el Congreso, que tenía en la presidencia al chakano Marcial Ayaipoma.
Esa tarde Gilberto Díaz Peralta presenta el proyecto de ley N°14329/2005-CR. El 25/01/2006 Ayaipoma lo dispensa del Trámite de Comisión en la Junta de Portavoces. Ese mismo día se pone en la orden del día, y también lo aprueba la Comisión Permanente.
El registro al que tuvo acceso La Primera, indica que esa misma noche se redactó la autógrafa y se envió corriendo al Ejecutivo.
Si se revisa la norma firmada por Toledo y PPK, esta aparece publicada el jueves 26 de enero, lo que demuestra que no necesitó utilizar ninguno de los 15 días que los facultaba la norma para analizar la autógrafa.
Toledo y PPK la aprobaron en una, sin pensarlo. Estaban de acuerdo en todos los extremos, no había que moverle ni una sola coma. ¿Y fue casualidad que la bancada parlamentaria de Perú Posible presentaba un proyecto de ley que le calzaba justito a su presidente y su primer ministro? "En política no existen casualidades", se le ha escuchado decir incluso al mismo Toledo.
Si nos guiamos por ese dicho popular, existió una coordinación entre el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Se puede decir que una complicidad? Eso lo absolverá la investigación sobre este punto.
¿Y QUIÉNES SON LAS BENEFICIADAS?
La comisión que preside Pari Choquecota ha detectado que entre las empresas beneficiadas con la ley firmada por Toledo Manrique y Kuczynski Godard está la constructora brasileña Odebrecht, a cargo de uno de los tramos de la vía Interoceánica Sur y el Proyecto Olmos.
"El Decreto 059 restringía que las empresas que tenían problemas con el Estado no podían ingresar a ningún proceso de licitación. A pesar de esa restricción se dio el proceso de licitación y participaron empresas que tenían problemas con el Estado", cuestionó Juan Pari.
Con la aprobación de esta ley, explica Pari, se impidió a la Contraloría General de la Republica (CGR) que investigue las irregularidades que ya había detectado.
"Se dio proceso a todo un proyecto que tenía más de cinco observaciones por parte de Contraloría, a parte de esa ley. Las fórmulas polinómicas reflejan realidades, no se puede hacer algo homogéneo para todos", cuestionó el parlamentario.
La pregunta es simple ¿se puede aplicar una ley con retroactividad? El Derecho Constitucional y Comparado indica que toda norma promulgada es aplicable 24 horas después de su publicación, y rige para adelante, nunca retroactivamente.
La única excepción es en materia penal –que no es el caso- y la doctrina lo llama "retroactividad benigna", es decir es aplicable cuando la norma favorece al reo, no a una empresa en detrimento de leyes vigentes de un Estado.
APREMIOS DE LEY
Para el martes 9 de febrero la comisión parlamentaria que investiga los presuntos actos de corrupción de empresas brasileñas en el país, ha citado nuevamente a Pedro Pablo Kuczynski. Al ser la tercera vez que lo hace, de no presentarse el hoy aspirante a la presidencia por Peruanos por el Kambio (PPK), se habrá encargado de abrir las puertas para que se apliquen los apremios de ley, traducido al español, se tramitará su captura.
"El reglamento nos da claramente los instrumentos. Ya en la anterior citación era con apremio. Yo me encontré con él en el aeropuerto y lo he invitado personalmente para que vaya a la comisión. Él me ha dicho que va a asistir y esperemos que cumpla su palabra", subrayó Pari Choquecota. Eso fue hace diez días, es decir, PPK ya no tiene la excusa que se le citó uno o dos días cuando estaba fuera de Lima.
El siguiente de la lista que deberá declarar será Alejandro Toledo Manrique. Su exparlamentario le debe saber algo a Kuczynski. En noviembre del 2010 le mandó un mensaje que lo escuchó todo el país.
Lo calificó de ser un lobbista y haber recibido "comisiones de transnacionales" durante su gestión como ministro de Economía.
Luego salió Toledo, y en medio de pedidos de nombres o razones para lanzar semejante afirmación, se sacudió de cualquier respuesta que lo pueda alcanzar: "Gilberto Díaz es un miembro prominente de Perú Posible pero sus declaraciones fueron hechas a título personal", dijo.
