La puntería y venganza de Vizcarra

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Los ataques contra el actual Fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, tienen una razón: haber decidió reabrir el caso Chinchero que involucra directamente al presidente Martín Vizcarra y a Pedro Pablo Kuczynski

El ex fiscal Pablo Sánchez resolvió no iniciar una investigación preliminar contra Vizcarrapor la aprobación de la adenda del contrato de construcción del aeropuerto de Chinchero, ya que consideró que no hay “elementos de prueba suficientes”

¿Cuál es la razón por la cual, el Ejecutivo, el partido oficialista Peruanos por el Kambio y sus aliados vienen ejecutando diariamente un ataque incesante contra el Fiscal de la Nación Pedro Chávarry? La respuesta es muy sencilla: el exministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, ahora presidente de la República,  va a ser interrogado por la Fiscalía de la Nación, luego que se decidiera abrir una investigación por la firma de la adenda del contrato del aeropuerto de Chinchero en el Cusco.

La primera decisión de Chávarry, fue que el ex ministro de Economía y Finanzas Alfredo Thorne será investigado por el Ministerio Público por el proyecto de construcción del aeropuerto internacional de Chinchero, en el Cusco.

El fiscal de la Nación, dispuso abrir una investigación preliminar por 60 días contra Thorne “y los que resulten responsables” por el caso Chinchero. ¿’Quien más es responsable de esta jugarreta que ha provocado grandes pérdidas para el país? Hay dos personajes principales, el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski y su reemplazante Martín Vizcarra.

En su resolución del pasado 24 de agosto, el Ministerio Público acusó al exministro por la presunta comisión del delito contra la administración pública en agravio del Estado.

Según la Fiscalía, Thorne habría cometido el delito tras la conversación que sostuvo el 17 de mayo del año pasado con el entonces contralor Edgar Alarcón, su secretaria general y el jefe de asesores del MEF sobre el proyecto de construcción del aeropuerto internacional de Chinchero.

Allí se discutió la transferencia de 13 millones de soles para la Contraloría. Según Alarcón, la partida presupuestal estaba supeditada al informe que iba a emitir su organismo sobre la adenda del aeropuerto de Chinchero.

En respuesta, el ex titular del Ministerio de Economía aseguró que la pesquisa “no encontrará bases para la imputación. “Tengo mi conciencia limpia de haber trabajado con los más altos principios éticos mientras fui ministro de Economía, y estoy seguro que la Fiscalía no encontrará bases para la imputación en la investigación preliminar. Solo exijo una investigación objetiva”, apuntó a través de su cuenta de Twitter.

Pero la historia se inicia con decisiones que favorecieron a Vizcarra, aprovechándose de la coyuntura política que vivía el país en el primer trimestre de este año.

Exactamente el 12 de marzo, el entonces fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, decidió archivar la investigación contra Martín Vizcarra, primer vicepresidente del Perú, por la aprobación de la adenda del contrato con la constructora Kuntur Wasipara la ejecución el aeropuerto de Chinchero, en Cusco.

Este hecho era insólito, ya que meses antes, Vizcarra tuvo que renunciar a su cargo de ministro de Transportes y Comunicaciones, ante la inminente sanción que recibiría del Congreso. Claro está, que tras ello, recibió un gran premio de su “amigo” PPK al ser nombrado embajador en Canadá.

Según informó El Comercio, que tuvo acceso a la resolución, el Ministerio Público argumentó, en un documento del 21 de febrero, que no se “encuentra elementos de prueba suficientes para iniciar una investigación preparatoria”. 

No obstante, esta decisión de Sánchez Velarde podría verse alterada dependiendo del avance de la investigación que desarrolla el fiscal de lavado de activos José Domingo Pérez en el caso principal. Y eso fue lo que pasó con la llegada de Pedro Chávarrycomo mandamás del Ministerio Público, quien no solo agilizó las investigaciones, sino especialmente, las profundizó.

Cabe precisar que la denuncia había sido presentada por la Procuraduría Anticorrupción contra el ex ministro de Transportes y Comunicaciones por la aprobación de la adenda para la construcción del nuevo aeropuerto. 

Inexplicablemente, Sánchez consideró que “son actos propios del despacho ministerial” la rúbrica de una resolución ministerial para autorizar la adenda.

Además, el titular del Ministerio Público de entonces, consideró que la Procuraduría Anticorrupción “no desarrolla otro contexto fáctico que comprenda un actuar de Martín Vizcarra en línea con las exigencias de algún ilícito penal”.

“No ha lugar formalizar y continuar con la investigación preparatoria contra Martín Alberto Vizcarra Cornejo, en su actuación como ministro de Transportes y Comunicaciones por los delitos de colusión y negociación incompatible en agravio del Estados, archivándose los actuados”, resolvió el fiscal de la Nación.

Ante los nuevos elementos encontrados por la investigación que realizó el fiscal Chávarry y que al parecer no efectuó Pablo Sánchez, la Comisión de Fiscalización del Congreso, a cargo de Luis López Vilela, planea citar al actual presidente de la República, Martín Vizcarra, quien estuvo involucrado en las presuntas irregularidades para la firma de la ampliación del contrato de concesión del nuevo Aeropuerto Internacional Chinchero-Cusco.

Para lograr ello, López señaló a los medios de comunicación que ha exhortado al Consejo Directivo del Parlamento a que en el siguiente Pleno, durante el mes de setiembre, se apruebe la ampliación de 90 días para que se continúe con la investigación de esta concesión.

“Apenas se apruebe el pedido de ampliación, vamos a citar a los principales involucrados, entre ellos, al presidente Martín Vizcarra, quien tuvo un rol importante en la firma de la adenda y tiene mucho que explicar en esta investigación”, sostuvo el legislador.

López recordó que el informe preliminar que realizó la Comisión de Fiscalización sobre el caso Chinchero concluyó que existieron hechos irregulares en los que participaron no solo funcionarios públicos, sino tanto personas naturales como jurídicas.

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