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Fujimoristas y apristas logran aprobar ley en el Congreso que reduce las penas por lavado de activos

Por Jose Lolas
en Política
Dic 6, 2018
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Con la excusa de legislar sobre el financiamiento ilegal de organizaciones políticas, se buscaría beneficiar a Keiko Fujimori y Alan García

Hicieron su jugada. Las bancadas Fuerza Popular (FP) y Célula Parlamentaria Aprista permitieron la aprobación del proyecto de ley que propone incorporar el delito de financiamiento ilícito de organizaciones políticas al Código Penal.

A primera vista, parece positiva esta ley aprobada por el Congreso. Sin embargo, el detalle es que esta ley plantea una pena privativa de la libertad no menor de cuatro ni mayor de siete años por este delito. En los casos agravados, se castigaría con una pena no menor de seis ni mayor de trece años.

Según algunos congresistas, esta ley buscaría beneficiar a Keiko Fujimori y Alan García, ambos investigados por el delito de lavado de activos. La parlamentaria Marisa Glave (Nuevo Perú) dijo lo siguiente:

“Esto es un dictamen que para nosotros infringe principios fundamentales, como el principio de legalidad, no queda claro cuál es la función que está prohibida. Se quiere modificar una ley que hoy sanciona la figura del lavado de activos por la que está siendo investigada la señora Fujimori”.

En conferencia de prensa, Glave agregó que están metiendo “de contrabando” el tema de lavado de activos. En el mismo sentido, el congresista Gino Costa afirmó que Keiko Fujimori sería beneficiada con esta ley aprobada en el Congreso.

Costa consideró inoportuno este proyecto de ley, justo en el contexto de la previa al referéndum, donde se consultará justamente sobre la transparencia del financiamiento de los partidos políticos.

El congresista Lescano (Acción Popular) calificó a esta ley como “con nombre propio”. “Para favorecerlos han hecho aprobar al caballazo esta ley, que la van a utilizar. Los abogados han dicho que los hechos no están tipificados en la ley y ahora van a decir que el Congreso ya tipificó”, dijo.

En síntesis, esta ley impediría que se investigue como organizaciones criminales a grupos enquistados en partidos políticos, precisamente el caso de Keiko Fujimori y Fuerza Popular.

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