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La Contraloría reveló que, al 31 de julio del 2018, un total de 967 funcionarios y servidores públicos se encontraban suspendidos o inhabilitados temporalmente para trabajar en el Estado, al contar con una sanción vigente por haber cometido infracciones administrativas graves o muy graves en el ejercicio de sus labores. Los departamentos con mayor número de funcionarios y servidores con sanción vigente son: Lima (171), debido a que concentra el mayor número de entidades públicas; Cajamarca (90), Lambayeque (76), Tumbes (63), Arequipa (57) y Ayacucho (52). De acuerdo a la gravedad de la infracción administrativa, los sancionados fueron suspendidos temporalmente para trabajar en el Estado durante 30 hasta 360 días o inhabilitados para ejercer la función pública de uno a cinco años. Sin embargo, se sabe que por lo menos más de la mitad de estos trabajadores no cumplen con este castigo. ¿Por qué? Tienen “muy buenos padrinos”.
