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Denuncias de Contraloría y Ministerio Público sobre gruesas irregularidades en compra de ventiladores mecánicos, mascarillas y otros hacen cojear la lucha contra la pandemia en nuestro territorio, justo en el peor momento.
La primera semana de abril, la Contraloría General de la República echó sombras sobre la compra de más de un millón de mascarillas N-95 que habían sido aparentemente sobrevaluadas, justo cuando la pandemia de coronavirus alcanzaba su cúspide temporal.
El Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares) del Ministerio de Salud (Minsa) había emitido el 23 de marzo último la orden de compra N.º 00376 para la adquisición de 1’257,900 mascarillas descartables del tipo N-95 de fabricación china a favor de la empresa PMI Medical S.A.C. Cada uno de esos implementos de seguridad sanitaria costaba S/. 19.60, lo que hacía un costo global de S/. 24’654,840 por todo el lote.
Pero los funcionarios de la Contraloría casi se van de espaldas cuando tomaron conocimiento que otra empresa, Sinohydro Corporation Limited Sucursal del Perú- integrante del grupo estatal Power China- había ofrecido al Minsa las mismas mascarillas a S/. 16.18 cada una, es decir S/. 3.42 soles menos por unidad. Los fiscalizadores estatales echaron mano a papel y lápiz y establecieron inmediatamente que el Minsa iba a regalar a la primera compañía nada menos que S/. 4’302,018. ¿Por qué?
Al cierre de esta edición, LA PRIMERA tuvo conocimiento de que funcionarios de la Contraloría General de la República estaban hurgando en la documentación de PMI Medical S.A.C.
Mientras esto ocurría en predios de la Contraloría, el lunes 6 de abril la Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima inició una investigación de oficio relacionada con la adquisición aparentemente irregular de 35 ventiladores mecánicos que fueron comprados para pacientes críticos del coronavirus en el Hospital de Emergencia de Ate-Vitarte.
La investigación partió de una denuncia documentada que fue planteada por el médico Danny Vergel Moncada, ex asesor de la Dirección General de ese nosocomio, quien señaló que los aparatos médicos habían sido adquiridos casi al triple de su valor real.
El fiscal provincial Reynaldo Abia Arrieta ha ordenado investigar en un plazo de 60 días a un grupo de funcionarios relacionados a esta adquisición, quienes podrían terminar siendo denunciados por el delito contra la administración pública en la modalidad de corrupción de funcionarios.
