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La Justicia de Argentina embargó económicamente y prohibió salir del país a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a sus hijos tras dictar su procesamiento como presuntos líderes de una asociación ilícita destinada a cometer delitos de lavado de dinero junto a empresarios de la obra pública.
El juez federal Claudio Bonadio procesó además, entre otros, a los constructores Lázaro Báez y Cristóbal López, y a Romina Mercado -sobrina de la exmandataria y su fallecido esposo, el también ex jefe de Estado Néstor Kirchner (2003-2007)-, que fue presidenta desde 2015 de la sociedad Los Sauces.
La acusación apunta a que pudo utilizarse esta empresa, dedicada al alquiler de inmuebles y creada en 2006 por el matrimonio presidencial y su hijo Máximo, para recibir, mediante arrendamientos de esas propiedades, transferencias millonarias de Báez y López, que previamente habrían recibido adjudicaciones de obras con sobreprecios.
En una larga resolución, Bonadio acusó a la expresidenta, sobre la que ordenó un embargo por 130 millones de pesos (8,44 millones de dólares), “penalmente responsable de los delitos de tomar parte en una asociación ilícita en calidad de jefe”, el cual concurre “en forma real con el delito de lavado de activos de origen ilícito” agravado por ser funcionario público y por “negociaciones incompatibles”.
Asimismo, a Máximo -actual diputado nacional- y a Florencia Kirchner también les fueron también embargadas grandes sumas de dinero siendo acusados por Bonadio de encabezar esa supuesta asociación ilegal.
La causa se originó en abril de 2016 por una denuncia de la diputada de centroizquierda Margarita Stolbizer contra Fernández y sus hijos, en la que les acusaba de falsificación de documentos públicos, cohecho y lavado de dinero en supuestas transacciones ilícitas con López y Báez.
A estos empresarios se les considera penalmente responsables del delito de tomar parte de esa asociación ilícita en calidad de organizadores.
El pasado 7 de marzo, Fernández acudió a los juzgados federales de Buenos Aires llamada a declarar por Bonadio y, tras declinar comparecer, presentó un escrito en el que rechazó los cargos, pidió su sobreseimiento y denunció una “maniobra político-judicial” impulsada, según asegura, por el Gobierno de su sucesor, el conservador Mauricio Macri, y que busca presionar a los jueces para que vayan contra ella y su familia.
La exmandataria está imputada por la Fiscalía en varias causas y procesada judicialmente en otras dos: una que investiga operaciones del Banco Central realizadas bajo su gestión -también dirigida por Bonadio- y otra por presunta asociación ilícita y administración fraudulenta en la concesión de obra pública.
