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El gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski reculó en su intento de permitir que las empresas constructoras que hayan participado en consorcios con Odebrecht y que no tengan sentencia por corrupción podrán licitar con el Estado Peruano y participar del proceso de reconstrucción.
El anuncio lo hizo ayer el propio presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, quien dijo que las empresas socias de la cuestionada constructora “no deberían participar” en la reconstrucción de zonas del país afectadas por los desastres naturales.
De esta manera Zavala entró en razón sobre un despropósito que iba a generar muchos problemas, sobre todo en la percepción de la población que iba a observar este hecho como una abierta complicidad del gobierno con la corrupción y que fue advertida desde el inicio por La Primera.
El 16 de mayo Zavala explicó que las restricciones para las empresas para contratar con el Estado son que “hayan sido sentenciadas por corrupción o que hayan declarado que son culpables por corrupción”, y que si no estaban sujetas a esas dos disposiciones, podían participar en el proceso de reconstrucción. Incluso se atrevió a decir que “el Poder Ejecutivo no es juez para decidir si esta empresa cometió o no delitos”, olvidando el gran daño que Odebrecht y sus socias han hecho al país.
Bajo el razonamiento del titular de la PCM, empresas como Graña y Montero o JJ Camet, que formaron consorcios con Odebrecht, sí podían contratar con el Estado en la reconstrucción.
Zavala, secundado por el presidente Kuczynski, no tomó en cuenta que aunque no hay todavía ninguna sentencia firme que afecte a las empresas mencionadas, son insoslayables las dudas que se ciernen sobre ellas, sobre todo respecto a si estaban al tanto de los pagos ilegales confesados por su socia brasileña.
Y tampoco que si bien Odebrecht no tiene sentencia en el Perú, la confesión de sus delitos hace legalmente imposible que contrate con el Estado, según lo establecido en el Decreto de Urgencia 003; por lo tanto, también sus socias.
El apoyo del gobierno a las empresas socias de la corrupta Odebrecht iba en contra también del hecho de que la procuraduría Ad Hoc del Caso Odebrecht denunció ante la fiscalía a las empresas que formaron consorcio con esta para adjudicarse la licitación de tramos de la carretera Interoceánica Sur. Entre esas Graña y Montero, JJC Contratistas Generales S.A. e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A.
Felizmente, ayer, Zavala se tiró para atrás y pidió a las empresas socias de Odebrecht no participar en licitaciones hasta que se esclarezca las investigaciones por sobornos.
