Canadá sanciona a Maduro y 16 de sus principales funcionarios por corrupción y violación a los derechos humanos

El Gobierno de Justin Trudeau también dicta la misma medida contra otros políticos y militares de Rusia y Sudán del Sur

Canadá impuso sanciones contra 52 altos funcionarios y militares de Venezuela, Rusia y Sudán del Sur, por supuestas violaciones de derechos humanos y corrupción, en el marco de una ley que honra la memoria del fallecido abogado ruso Serguei Magnitski.
Entre los sancionados están el presidente venezolano Nicolás Maduro, el vicepresidente Tareck El Aissami -que presiden la flamante comisión especial para refinanciar la deuda externa venezolana-, el ministro de petróleo Eulogio Del Pino y otros 16 funcionarios.
La ministra de Relaciones Exteriores canadiense, Chrystia Freeland, dijo que la decisión “envía un claro mensaje de que Canadá tomará medidas contra individuos que se beneficien de actos significativos de corrupción o que estén involucrados en graves violaciones de derechos humanos”.
Por su parte, Rusia respondió prohibiendo la entrada a su país de “canadienses rusófobos que se dedican metódicamente a minar las relaciones bilaterales”, anunció la portavoz del Ministerio ruso de Exteriores, María Zajárova.
Las sanciones incluyen la congelación de los bienes que pudieran tener en Canadá algunas personas mencionadas en la lista y “declara a las personas en la lista inadmisibles” en ese país.
“Triste papel el que ha pasado a jugar el gobierno canadiense: absoluta y vergonzosa subordinación al Gobierno del (presidente estadounidense) Donald Trump”, expresó el canciller venezolano Jorge Arreaza en Twitter.
Agregó que el gobierno de Trudeau tiene “ínfulas de imperio, pretende imponer acciones ilegales contra las instituciones y ciudadanos de Venezuela”.
Canadá ya dictó medidas en septiembre contra 40 destacadas figuras del régimen chavista, en respuesta a la supuesta deriva totalitaria del Gobierno de Caracas.
Sanciones individuales similares han sido adoptadas también por Estados Unidos, que además prohibió en agosto las negociaciones con nuevas emisiones de deuda y capital del Gobierno de Caracas y la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).